Protección de Datos sanciona a la ANC y a ÒMNIUM CULTURAL con 440.000 EUROS

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural una multa a cada una de 200.000 euros por vulnerar un artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) con la gigaencuesta soberanista que estas dos entidades realizaron con voluntarios en miles de domicilios de ciudadanos poco antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En su resolución la AEPD considera que la ANC y Òmnium incumplieron la normativa que establece que el encuestado debe dar su «consentimiento expreso y por escrito» para el «tratamiento de los datos con carácter personal que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias». Además, se sanciona a la ANC con otros 40.000 euros por no cumplir con la seguridad de los datos personales que constan en sus ficheros ya que se filtraron. Continuar leyendo «Protección de Datos sanciona a la ANC y a ÒMNIUM CULTURAL con 440.000 EUROS»

Responsabilidad penal de empresas que no garanticen el correcto funcionamiento de sus medidas para la gestión documental

Las infracciones cometidas por empleados u otros representantes de la empresa en materia de protección de datos, uso indebido de la información o mala conservación documental serán responsabilidad penal de la persona jurídica.

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La AEPD abre diligencias por los ficheros de la prisión

La AEPD abre diligencias por los ficheros de la prisión

Las actuaciones determinarán si procede investigar Instituciones Penitenciarias se declara al margen de cualquier documento

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) inició ayer las actuaciones previas de investigación tendentes a acreditar el abandono de documentos confidenciales de presos de la antigua prisión provincial de Huelva, que se encuentra en estado de abandono y accesible para los transeúntes. La apertura de diligencias, realizada de oficio, según informaron fuentes del ente estatal a esta redacción, se produce tras la publicación ayer en Huelva Información de algunos de los papeles que forman parte del archivo dejado sin custodia en el inmueble, al descubierto y al alcance de cualquier persona durante los últimos años.

Desde la AEPD no se ha valorado el alcance de los hechos. Hasta el momento no constaba ninguna denuncia al respecto y ha sido la publicación de ayer en el periódico la que ha motivado que se actúe ahora de oficio. Esto no significa, aclaran, que se haya abierto ya un expediente ni asegura que el proceso vaya a culminar en sanciones, ya que si no se constata una vulneración en la custodia de los datos se archivaría el caso. Pero es el paso previo a un procedimiento de este tipo.

La legislación que regula el funcionamiento de la AEPD, a través del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece que este tipo de actuaciones previas «se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso».

En el mismo reglamento se establece un plazo máximo de doce meses para el desarrollo de las diligencias, que para los papeles de la antigua cárcel onubense cuenta desde ayer. El personal encargado será el perteneciente al área de la Inspección de Datos de la agencia, y se contempla para recabar información, entre otros, la inspección presencial de los ficheros en el lugar en el que fueron encontrados, por lo que, según marca la legislación, no se descarta que se desplacen a Huelva para conocer las circunstancias en que aparecieron.

Entre los documentos que permanecen abandonados en el antiguo centro penitenciario, tirados en el suelo y con signos de haber sido manipulados, hay fichas de internos que pasaron por la prisión durante sus últimos años de funcionamiento, además de impresos de servicio de permisos temporales e informes de recuentos de los módulos. Sin embargo, la AEPD tampoco quiso considerar ayer a este periódico la tipología de los datos referidos ni el alcance que pueda tener su falta de custodia, antes de que sus inspectores realicen las actuaciones.

En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se recogen tres niveles de seguridad: básico, medio y alto. Entre los ficheros de consideración intermedia, según establece el artículo 81, figuran «los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales».

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias accedió ayer a atender a Huelva Información de la vieja prisión, pero no para hablar de la documentación encontrada. Fuentes de la Administración rehusaron reconocer la existencia de los archivos y se limitaron a mantener que es solo la afirmación de un medio de comunicación. No dieron información del destino que se le dio a los documentos existentes en el centro antes del fin de su uso como prisión.

Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, insistió en que no es propietaria del inmueble, que pertenece a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por este motivo y porque tiene la puerta principal sellada, que hace que entrar en el edificio constituya delito, alegan, no pueden acceder a la antigua prisión, pese a pertenecer al Estado. Para ello, insisten, se tienen que poner en contacto previamente con la SIEP.

No hay respuestas, no obstante, sobre la falta de custodia de unos documentos que pertenecían a Instituciones Penitenciarias cuando el inmueble también era de su propiedad. Ni por qué ahora permiten que datos confidenciales propios estén en un edificio fuera de su alcance y de otro Ministerio.

Fuente: (Huelva Información)

Tiran a un contenedor expedientes judiciales de un juzgado gaditano

Documentación de toda índole, expedientes, y documentación de todo tipo, con datos personales perfectamente legibles e identificables fueron arrojados ayer a los contenedores de basura más cercanos al que durante décadas ha sido el Juzgado Decano de San Fernando (Cádiz), que se traslada durante este fin de semana para iniciar una nueva andadura en una nueva sede en régimen de alquiler. Continuar leyendo «Tiran a un contenedor expedientes judiciales de un juzgado gaditano»

Multado un bar por no avisar que tenía cámaras de videovigilancia

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 6.500 euros a un bar de la capital por la instalación de videocámaras en el local sin informar a los clientes de la existencia de las mismas y sin inscribir un fichero con la finalidad de Videovigilancia en el registro de dicha agencia.

En la resolución de la AEPD, a la que ha tenido acceso Efe, consta que se abrió en primer momento un expediente de actuaciones previas de investigación para constatar y comprobar la veracidad de la denuncia presentada.En este sentido, en fecha 27 de septiembre de 2012 se solicitó la colaboración de la Policía Local que, en su escrito de respuesta, confirmó la existencia de las cámaras sin cartel informativo.

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El Supremo condena a un médico a 3 años de prisión

Un médico que ejerce en Menorca ha sido condenado por el Tribunal Supremo a tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de descubrimiento de secretos, al haber accedido al historial clínico de su expareja.

… por acceder al historial clínico de su expareja …

Sin autorización ni consentimiento accedió, vía informática, al historial clínico de su excompañera sentimental, así como a los de la hija, hermana y marido de esta mujer.

La Sala Segunda del Supremo ha anulado una condena por falta de injurias leves, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, y ha ratificado la condena por descubrimiento de secretos.

Ésta incluye, además de la pena de prisión, una multa de 6.000 euros; y otros 6.000 en concepto de indemnización a la mujer, que trabajaba como enfermera en el mismo centro que él cuando sucedieron los hechos, y a la comunidad autónoma de Balears con 2.358 euros.

En la sentencia, los magistrados del Supremo han destacado que el condenado accedió a las bases de datos informática «con interés en acosar a la perjudicada, con la que el acusado había roto una relación, de manera que se expresa en el relato fáctico que la relación era ‘tormentosa’».

Accedió a estos datos protegidos en más de 200 ocasiones entre diciembre de 2009 y febrero de 2011.

Estas actuaciones reiteradas afectaron a la mujer y tres familiares de ella, «lo que es indicativo de un inusitado interés en la búsqueda de información a la que no podía acceder», según la sentencia.

«Esta reiteración de la conducta -queda subrayado en el pronunciamiento del Supremo- supone una agresión continuada en la intimidad de la perjudicada y sus familiares, lo que supone un acceso inconsentido realizado en perjuicio de la titular, perjudicada en su derecho a la intimidad por la conducta del acusado, que la realiza no de forma casual, ni de forma involuntaria, sino reiterada».

Fuente: ultimahora